Cayo Canas Island

NOTA DE CAYO CANAS ISLAND:

Este sitio se complace en presentar el Informe de Human Rights Watch de 2007. Este reporte es una muestra muy objetiva, de la actual situación de la carencia de libertades y derechos humanos de la sociedad cubana.
El gobierno comunista de Cuba, ha creado una sociedad cerrada, bunkerizada y aislada del resto del mundo, para cometer atricidades inimaginables en sociedades abiertas y democráticas. El Gobierno comunista, no publica ni ofrece ninguna información sobre la represión, los abusos y el terror desatado contra las personas que no comparten su ideología y, que son maltratados, encarcelados y objetos de todo género de tratamientos denigrantes, humillantes y vergonzosos.
Por el contrario, las prácticas del marketing propagandístico comunista – mejor que el de la Coca Cola o de Microsoft – trata de mentir y confundir a la opinión pública internacional, con la idea de que Cuba es el país más democrático del mundo. Esa propaganda es repetida, sin escrúpulos, por la izquierda europea, latinoamericana y de todo el mundo, que miran para otro lado, ante estas brutales prácticas fascistas.
Pero, nuestro día ya viene llegando

Asdrúbal Caner Camejo


INFORME SOBRE CUBA DE HUMAN RIGHTS WATCH

Enero de 2008 resumen de país
Cuba

Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disensión política. No ha habido significativos cambios en las políticas desde que Fidel Castro transfirió el control directo del gobierno a su hermano Raúl Castro en agosto de 2006. El gobierno continúa imponiendo el conformismo político a través de procesos penales, detenciones con penas de corto y largo plazo, hostigamiento de personas a través de turbas, advertencias policiales, vigilancia, arrestos domiciliarios, restricciones de viaje, y despidos laborales motivados políticamente. El resultado final es que los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento, y al debido proceso legal, son sistemáticamente negados a los cubanos.

Fallas legales e institucionales

Las estructuras legales e institucionales de Cuba son la raíz de las violaciones a los derechos. Aunque en teoría las diferentes ramas del gobierno tienen áreas de autoridad separadas y definidas, en la práctica, el ejecutivo mantiene el control sobre todos los otros resortes del poder. Las cortes, que padecen de falta de independencia, socavan el derecho a un juicio justo al restringir severamente el derecho a la defensa.

El Código Penal de Cuba facilita las bases legales para la represión del disenso. Las leyes que criminalizan la propaganda enemiga, la difusión de “noticias no autorizadas” y el insulto a símbolos patrióticos, son utilizadas para restringir la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la seguridad del estado.
Asimismo, el gobierno encarcela u ordena la vigilancia de individuos que no han cometido ningún acto ilegal, amparándose en disposiciones que penalizan el “estado peligroso” y que permiten la “advertencia oficial”.

Encarcelamiento político

En julio de 2007, la comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional, un respetado grupo local de derechos humanos, divulgó una lista de 240 prisioneros encarcelados por razones estrictamente políticas. La lista incluye los nombres de 12 disidentes pacíficos que fueron arrestados y detenidos en el primer
semestre de 2006, cinco de los cuales fueron detenidos por acusaciones de “peligrosidad.” De 75 disidentes políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos que fueron sometidos a juicios sumarios en abril de 2003, 59 aún permanecen presos. Purgando condenas de 20 años en promedio, los disidentes padecen condiciones lamentables y tratamiento punitivo en prisión.
Aunque la cifra de prisioneros políticos ha disminuido en el último año, esta reducción no puede ser atribuida a la indulgencia o a un cambio de política por parte del gobierno. Los prisioneros políticos que fueron liberados cumplieron la integridad de sus sentencias. En septiembre de 2007, aproximadamente 30 activistas fueron arrestados y detenidos por 24 horas. De acuerdo a Jorge Luis García Pérez, uno de los prisioneros liberados, —quien fue liberado de prisión en mayo de 2007, después de cumplir una condena de 17 años—los prisioneros soportaron palizas, registros desnudos y amenazas de arrestos futuros.

Restricciones de viajes y separaciones familiares

El gobierno de Cuba prohíbe a los ciudadanos de su país salir o regresar a Cuba sin obtener antes un permiso oficial, el cual es a menudo denegado. Un viaje no autorizado puede resultar en un proceso penal. En mayo de 2006, Oswaldo Payá, un conocido defensor de derechos humanos, fue distinguido con un doctorado
honorario en leyes por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, en reconocimiento a su trabajo. Sin embargo, las autoridades cubanas le denegaron la visa de salida y Payá no pudo recibir el título en persona.
El gobierno niega frecuentemente a los ciudadanos legalmente autorizados para viajar la posibilidad de llevar a sus hijos al extranjero, en esencia manteniendo a los niños como rehenes para garantizar el retorno de los padres. Dado el temor general
a la separación forzosa de familiares, estas restricciones para viajar le proporcionan al gobierno cubano una poderosa herramienta para castigar a tránsfugas y silenciar a críticos.
Libertad de expresión y reunión

El gobierno de Cuba mantiene un monopolio de los medios de comunicación en la isla, asegurando que la libertad de expresión sea prácticamente inexistente. A pesar de que un pequeño número de periodistas logran escribir artículos para páginas Web del extranjero, o para publicar clandestinamente sus boletines informativos, los
riesgos asociados con el desempeño de estas actividades son notables. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, hasta julio de 2007, 25 periodistas se encontraban cumpliendo sentencias en Cuba. La mayor parte de ellos fueron acusados de amenazar “la independencia nacional y la economía de Cuba.” Esto convierte a Cuba en el país con el mayor número de periodistas en prisión, después de China.
El acceso a la información a través del Internet también se encuentra sumamente restringido en Cuba. A finales de agosto de 2006, el disidente y periodista independiente Guillermo Fariñas dio fin a una huelga de hambre de siete meses en oposición a las políticas del régimen en relación al Internet. Fariñas inició su huelga después de que las autoridades cubanas eliminaron su acceso al correo electrónico, que había sido usado para enviar informes al exterior describiendo ataques contra los disidentes y otros abusos a los derechos humanos.
La libertad de reunión en Cuba se encuentra seriamente restringida y disidentes políticos tienen prohibido reunirse en grupos grandes. Esto fue evidenciado a mediados de septiembre del 2006, durante la 14ava. Cumbre de Países No Alineados en la Habana, cuando el gobierno cubano dictó una prohibición a todas aquellas reuniones que pudieran dañar la “imagen” de la ciudad.

Condiciones penitenciarias

Por lo general, los prisioneros son confinados en condiciones deplorables y abusivas, a menudo en celdas abarrotadas. Los prisioneros típicamente pierden peso y algunos reciben atención médica inadecuada. Otros deben aguantar abuso físico y sexual, generalmente por parte de otros internos y con el consentimiento de
los guardias.
Los prisioneros políticos que denuncian las malas condiciones de encarcelamiento o que no obedecen las reglas de la prisión, son frecuentemente castigados con largas penas de confinamiento en celdas aisladas, restricción de visitas o negación de tratamiento médico. En octubre de 2006, Juan Carlos Herrera Acosta, sentenciado a 20 años de prisión en el 2003 después de las medidas represivas adoptadas por el gobierno contra los disidentes, fue apaleado y arrojado a una celda infestada con ratas e insectos después de exigir su derecho a llamar por teléfono a su familia.
Algunos prisioneros políticos han llevado adelante huelgas de hambre en protesta por las condiciones abusivas en las prisiones y el maltrato de los guardias.

Pena de muerte

Bajo las leyes cubanas, la pena de muerte existe para castigar una amplia variedad de crímenes. Es difícil establecer la frecuencia con que esta pena se practica, porque Cuba no divulga información en relación a este hecho. Sin embargo, de acuerdo a lo que se conoce, ninguna ejecución ha sido practicada desde abril de 2003.

Defensores de los derechos humanos

Al negarse a reconocer el monitoreo de los derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a los grupos locales de derechos humanos.
Los individuos que pertenecen a estos grupos enfrentan acoso sistemático, y el gobierno impide sus esfuerzos para documentar las condiciones de los derechos humanos en la isla. Además, grupos internacionales de derechos humanos —como Human Rights Watch y Amnistía Internacional— han sido prohibidos de enviar misiones a Cuba en busca de hechos factuales. Cuba sigue siendo uno de los pocos países en el mundo que se niega a permitir el acceso a sus prisiones al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Actores internacionales claves

En junio de 2007, rindiéndose ante la presión política, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó el mandato del experto de la ONU encargado de informar sobre las condiciones de los derechos humanos en Cuba.
En diciembre, el gobierno cubano anunció su intención de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La ratificación, si ocurriera, representaría un quiebre importante con la negativa de Cuba durante años a reconocer estos tratados básicos de derechos humanos.

El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba, que se encuentra en vigor por más de cuatro décadas, continúa imponiendo privaciones indiscriminadas al pueblo cubano y bloqueando el viaje a la isla. Una excepción al embargo, que permite la venta de alimentos a Cuba únicamente en efectivo, ha significado un intercambio sustancial entre los dos países.
En un esfuerzo por privar al gobierno cubano de fondos, en junio de 2004, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas restricciones a los viajes por asuntos familiares a Cuba. Bajo estas reglas, un individuo tiene permitido visitar a sus familiares en Cuba sólo una vez cada tres años, y sólo si los familiares entran bajo la estrecha definición de familia que aplica el gobierno de Estados Unidos —una
definición que excluye a tíos, primos, y otros parientes próximos, que a menudo se consideran parte integral de las familias cubanas. Justificada como una manera de promover la libertad en Cuba, las nuevas disposiciones de viajes atentan contra la libertad de movimiento de cientos de miles de personas cubanas y cubanoamericanas, causando así un profundo daño a las familias cubanas.

En enero de 2005, la Unión Europea decidió suspender temporalmente las sanciones diplomáticas que había adoptado después de la ola represiva del gobierno de Cuba contra los disidentes en 2003. En junio de 2006 y nuevamente en junio de 2007, la UE decidió renovar las suspensiones, pero no levantó las sanciones por completo. Ofreció reabrir sus conversaciones con el gobierno de Castro, estipulando que si estaba dispuesto a aceptar la invitación, el gobierno cubano debía estar dispuesto a discutir temas de derechos humanos, prisioneros políticos y democracia. En respuesta, el ministerio de relaciones exteriores de Cuba indicó que Cuba no participaría en conversaciones a menos que las sanciones
fueran plenamente suspendidas. No obstante, los representantes de la UE y Cuba mantuvieron “conversaciones exploratorias informales” en las Naciones Unidas en septiembre de 2007 y han acordado reunirse nuevamente a comienzos de 2008